El Decreto-ley 300 permite aumentar la superficie productiva. Foto: Archivo Desde su puesta en práctica, el Decreto-ley 300 ha demostrado su validez para los programas alimentarios que desarrolla el país, pues garantiza la sostenibilidad de las tierras ociosas o deficientemente explotadas.

En el caso del municipio de Amancio, -ubicado en el extremo suroriental de la provincia de Las Tunas-, hasta el cierre de julio del presente año se habían procesado 156 solicitudes, de ellas 86 ya fueron aprobadas, según declaró a Maboas Digital Reynaldo Rodríguez, director de la Oficina de Control de la Tierra en esta localidad.

El funcionario agregó que al comenzar este proceso en Amancio existían 53 480 hectáreas ociosas, de las cuales 29 000 hoy están en explotación, aunque falta mucho trabajo para obtener los resultados propuestos.

Los interesados en adquirir estas áreas improductivas prefieren la siembra de caña de caña de azúcar, -por los beneficios que reporta tanto al país como al propio productor-, además de la ganadería y los cultivos varios.

Por su parte, Andrés Duarte Segura, subdirector de inspección, puntualizó que se mantiene el control sobre los nuevos propietarios y los que pidieron ampliación de sus propiedades, para evitar violaciones de lo legislado.

Como aspecto positivo en este proceso sobresale la presentación en tiempo de los documentos requeridos por parte de los solicitantes, lo que acelera la actividad.

 

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