La Constitución de la República de Cuba refrenda el derecho de todo ciudadano a gozar de una vida lozana e inmune en interacción con el medio circundante, y con todo lo que le rodea. Por ello, es impostergable asumir responsabilidades, ya sea de índole penal, civil y administrativa, para exigir la reparación cuando se ha producido un daño como consecuencia de la producción indiscriminada de ruidos.

En torno a ese polémico asunto, el programa Micrófono Abierto, de Radio Maboas, en Amancio, -al suroccidente de la provincia cubana de Las Tunas-, examinó la trascendencia de la contaminación acústica o sonora para la salud humana.

En una encuesta periodística, pobladores amancieros  coincidieron en señalar que el ruido constituye un factor contaminante, que por sus características físicas puede acarrear daños o molestias graves a las personas.

El efecto dañino de los sonidos es acumulativo, cuyas consecuencias son irreversibles,  por lo que se impone aplicar con severidad las normas jurídicas vigentes en Cuba, en particular la Ley 81 del Medio Ambiente, la cual establece los niveles permisibles que no afecten la integridad física del ser humano.

Sobre este planteamiento, Adelaida Álvarez, directora municipal de Trabajo y Seguridad Social en Amancio, puntualizó que deben definirse estrategias coordinadas con los ministerios de Salud Pública y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, para adoptar las medidas encaminadas al establecimiento de normas que regulen el impacto sonoro sobre el medio ambiente.

También debe insistirse en la responsabilidad administrativa y del sector particular, en virtud de los daños que puede sufrir la salud del hombre, precisó Bienvenido Falls, jefe del Departamento de Saneamiento Ambiental en esta localidad, quien agregó que además de los ruidos derivados de los procesos tecnológicos, también están las fuentes naturales y artificiales de contaminación, estas últimas provocadas por ruidos fijos y móviles, tal es el caso de bicitaxis, bocinas, altavoces y equipos de música.

El ruido es un elemento contaminador que mantiene sus efectos con el tiempo, si no se toman en cuenta las normativas jurídicas vigentes, y su producción excesiva adquiere el carácter de una indisciplina social que demanda acciones de enfrentamiento más efectivas y coordinadas.

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