En contraste con el tratamiento que las autoridades norteamericanas han dado al caso  de los cinco antiterroristas cubanos detenidos arbitrariamente por prevenir la muerte, Cuba ofrece garantías a las personas sancionadas por la ley.

Para ello se establecen procedimientos jurídicos y constitucionales con el fin de lograr su incorporación a la vida socialmente útil, donde predomine el respeto de los derechos humanos y la oportunidad de convertirse en seres dignos.

Josefina Chávez, asistente del Tribunal Municipal Popular en Amancio, -localidad ubicada a 100 kilómetros al suroccidente de Las Tunas-, afirmó que nuestro país es el único del mundo donde se realiza un control y seguimiento sistemáticos de quienes cometen algún error, y cuenta con el apoyo de organismos estatales y organizaciones de masas, como el Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional Revolucionaria, los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas.

Agregó además que los sancionados disfrutan de múltiples beneficios, de acuerdo a su comportamiento, entre ellos las rebajas de condenas. Quiero destacar que la comunidad desempeña un rol fundamental pues su colaboración es clave para lograr los objetivos previstos, y que no haya revocaciones.

Para el amanciero Roydis Tamayo las posibilidades para incorporarse a la sociedad son muy provechosas. “En mi caso, desempeñé varios oficios y siempre ayudé a mi familia; luego tuve el privilegio de cursar la carrera de Licenciado en Cultura Física gracias a un programa auspiciado por el Estado cubano. Actualmente, laboro en la Dirección Municipal de Deportes, y gozo de todas las garantías para realizar mi profesión, gracias al apoyo de mis compañeros de trabajo. Hoy me siento plenamente realizado y feliz por las oportunidades que me ha dado la Revolución para convertirme en una persona de bien. Eso es un logro de Cuba, y aprovecho para denunciar al gobierno de los Estados Unidos por el silencio en torno al tema de Los Cinco”.

En materia de derechos humanos, el mayor archipiélago del Caribe garantiza la materialización de los procedimientos vigentes para propiciarles a los ciudadanos que cumplen condenas su inserción a la sociedad, en contraposición con las múltiples injusticias que han sufrido Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Gerarado Hernández, y René González en su arbitrario confinamiento.

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