TRibunal Municipal Popular Amancio. Foto: Danay Naranjo Viñales

Por estos días se extraña el intenso ajetreo que caracteriza las jornadas en el Tribunal Popular Municipal en Amancio.  En los pasillos de la entidad escasea el personal habitual y en sus salas reina un profundo silencio.

Es que como parte de las medidas orientadas por la dirección del país para evitar la aglomeración de personas en lugares público, en aras de disminuir el riesgo de propagación del nuevo Coronavirus, estos colectivos también reajustaron sus horarios para la prestación de servicios.

Laritza Cruz Hernández, juez profesional del Tribunal Popular Municipal en Amancio, explicó que a partir del plan de acciones del país para evitar la propagación del nuevo coronavirus y las medidas que se han orientado, lo primero que se hizo fue un estudio de todos los actos judiciales previsto para el periodo.

A partir de la investigación se determinaron aquellos que no implicaban aglomeración de personas y se mantuvieron, exigiendo la entrada de las personas que podían sentarse en los bancos, a la distancia sugerida y cumpliendo las medidas higiénicas pertinentes.

En el caso de aquellos juicios que sí requieren de mayor cantidad de personas, ya sea por la cantidad de acusados, testigos o demás personas involucradas, se aplazaron al amparo de lo que establecen las Leyes de Procedimientos Penales y la de Procedimientos Civiles, administrativos, laborales y económicos.

En el caso del personal de contacto, tales como, las secretarias, asistentes y el alguacil, se les exige el uso correcto de los nasobuco, el lavado de las manos y demás medidas orientadas.

La letrada explicó, además, que al amparo de lo que establece el artículo 187 del Código Penal, se recepcionan casos de personas que contravienen esas medidas, confeccionándose expedientes para las diferentes modalidades de delitos.

En correspondencia con lo legislado todas aquellas personas que favorezcan la propagación de la epidemia, incurre en un delito grave, ante lo cual puede recibir sanciones de privación de libertad entre tres meses y ocho años según la gravedad de los hechos.
Cruz Hernández exhortó al cumplimiento de las orientaciones emitidas por la máxima dirección del país, pues se trata no solo de garantizar la salud propia y de los demás sino, también, de respetar las leyes vigentes en correspondencia con la actual situación epidemiológica que atraviesa el país.