La Fiscalía General de la República informó que este jueves comenzó el apercibimiento a un reducido número de ciudadanos cubanos en las provincias de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín, quienes persisten públicamente en convocar y realizar una marcha, cuya solicitud fue denegada, el pasado 12 de octubre, por autoridades gubernamentales de ocho provincias, tras considerar ilícito el carácter de la pretendida manifestación.

La acción de la Fiscalía, de advertir sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, deja claro que, de incumplirse la decisión de las autoridades locales de gobierno, los ciudadanos incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente.

Yahimara Angulo González, vice fiscal jefa de La Habana, declaró que el proceder de la Fiscalía se sustenta en el Artículo 156 de la Constitución, que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos.

Asimismo, agregó, la Ley 83 faculta al fiscal a entrevistar, apercibir, tomar declaraciones y realizar cualquier otro tipo de diligencias que sean necesarias. También prevé como propósitos el de preservar los derechos e intereses de los órganos, instituciones y dependencias estatales; además, fomentar y contribuir al enfrentamiento y prevención del delito, las conductas antisociales y el fortalecimiento de la observación consciente de las normas jurídicas en los ciudadanos.

Sobrados argumentos hechos públicos dan cuenta del carácter anexionista de la pretendida marcha, promovida por personas financiadas desde el exterior, quienes, enmascaradas en la falsedad de un preconizado pacifismo, procuran generar caos e inducir la desestabilización del país, como parte de una estrategia de «cambio de régimen» basado en las fórmulas del conocido golpe suave, ensayado en otras naciones.

El acompañamiento «entusiasmado» que han tenido los convocantes está protagonizado por cabecillas contrarrevolucionarios del llamado Consejo para la Transición Democrática de Cuba, una plataforma subversiva, cuyos miembros han reconocido abiertamente recibir financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), de largo historial contra Cuba.

Además, ha sido público y notorio el apoyo que la escaramuza mercenaria ha recibido de legisladores estadounidenses, operadores políticos de la mafia anticubana y medios de comunicación, que alientan acciones contra la Revolución.

Nótese como, entre los más furibundos partidarios de la provocación están los congresistas Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar; el terrorista Gutiérrez Boronat, la tristemente célebre Fundación Nacional Cubano Americana, y frustrados invasores de la Brigada 2506, derrotada en Girón.

Ante tan aviesas intenciones de los provocadores, la Constitución de la República tiene muy claros sus preceptos, que no dan a nadie el derecho a obrar a favor de los intereses de una potencia extranjera ni a poner en riesgo la estabilidad ciudadana; por lo cual, adscribirse a un proyecto anexionista es anticonstitucional, ilegítimo e inmoral.